República de Colombia
Corte Constitucional
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Boletín de prensa 27 de julio de 2011
EL TIEMPO
CORTE CONSTITUCIONAL RECONOCE COMO FAMILIAS A PAREJAS DEL MISMO SEXO
El alto tribunal le pidió al Congreso legislar sobre los matrimonios gay.
Por unanimidad, los nueve magistrados de la Corte Constitucional dejaron a salvo la definición de matrimonio que está vigente en Colombia desde 1887 -la unión de un hombre y una mujer-, pero dieron un paso clave en el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales: señalaron que estos tienen derecho a conformar una familia.
En ese sentido, la Corte exhortó al Congreso a legislar sobre el reconocimiento de las uniones homosexuales, con una fecha límite: si en dos años esto no ha ocurrido (seis iniciativas en el mismo sentido se hundieron en el Legislativo en los últimos años), "las parejas homosexuales podrán acudir ante un notario para legalizar su unión", dijo el magistrado Juan Carlos Henao, presidente del tribunal.
"Si el 20 de junio del 2013 el Congreso no ha legislado, las parejas homosexuales pueden ir ante un notario y con la misma solemnidad del matrimonio heterosexual establecer un vínculo, con consecuencias similares al de una pareja heterosexual", agregó Henao.
Así las cosas, las parejas gays tendrían en el 2013 la posibilidad de unirse en una figura similar a la del matrimonio civil, con los derechos y deberes que ese acto implica.
En este momento los homosexuales declaran sus uniones libres ante notarios para hacer valer los derechos a la seguridad social, a la pensión y a la herencia, que la Corte les ha venido reconociendo desde el 2007.
Con el fallo, a partir del 30 de julio del 2013 tendrán la posibilidad de unirse en una figura similar a la del matrimonio civil, con los derechos y deberes que ese acto implica.
Después de una discusión de varios meses, los magistrados declararon exequible la expresión "hombre y mujer" en la definición de matrimonio, pero consideraron que la misma "no conlleva una prohibición a que exista un vínculo jurídico (entre homosexuales) similar o igual al de las parejas heterosexuales".
El Presidente de la Corte Constitucional explicó que "las obligaciones que hoy tienen las uniones de hecho, que legalizan ante notarías- no se pueden equiparar con las que tendría una unión formal entre homosexuales".
En todo caso, el tribunal remitió la discusión al Congreso porque consideró que el debate sobre el tema debe ser lo más amplio posible, siempre y cuando termine en una "legislación integral y sistemática para que las parejas del mismo sexo se constituyan en familia".
"El nombre de la institución, llámese matrimonio civil o de cualquier otra forma, es de resorte del Congreso", puntualizó la Corte.
La decisión del tribunal fue interpretada por las organizaciones gay como un triunfo postergado. Consideran que la Corte habría podido definir de una vez el matrimonio de los homosexuales en condiciones iguales a las de las parejas heterosexuales.
En la Corte queda pendiente la discusión sobre otro derecho reclamado por los gay: la adopción. Este tema no fue tocado en el pronunciamiento de ayer y el tribunal tendrá que definirlo porque en su agenda figura una tutela de una pareja de lesbianas de Antioquia en este sentido.
Desde el 2007 la Corte ha reconocido varios derechos a los homosexuales.
Más de cuatro años de batalla por los derechos de la comunidad gay
Febrero 7 del 2007
La Corte Constitucional extendió derechos de parejas que viven en unión libre (sustitución pensional, afiliación en salud y prestaciones sociales) a parejas gay.
Enero 28 del 2009
Las parejas homosexuales adquirieron igualdad en asuntos penales, de patrimonio, de seguridad social y de nacionalidad, por un fallo de la Corte.
Junio 21 del 2010
Procurador pidió a la Corte no fallar sobre tutela interpuesta por pareja lesbiana que busca adopción de niña de 2 años. El caso sigue pendiente.
Noviembre 12 del 2010
El alto tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre el matrimonio homosexual, argumentando que la demanda de base estuvo mal sustentada.
Abril 13 del 2011
Por un fallo de la Corte las parejas de homosexuales adquirieron el derecho de heredar entre ellas.
Junio 27 del 2011
La comunidad gay marchó en Bogotá para llamar a la Corte a pronunciarse a favor de la adopción y del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Julio 26 del 2011
La Corte mantuvo la definición de matrimonio vigente desde 1887 y ordenó al Congreso legislar antes de julio del 2013 sobre caso homosexual.
El tema en el Congreso no tendría el camino fácil
Mientras algunos congresistas recibieron de manera positiva la orden de la Corte Constitucional para que sean ellos los que regulen el matrimonio de parejas del mismo sexo, otros la criticaron.
Incluso, el presidente del Polo Democrático, Jaime Dussán, anticipó que el tema tendrá muchas dificultades en el Congreso, dado que, según dijo, hay una fuerte oposición a él y esto podría condicionar el apoyo al Gobierno para que no avale una iniciativa de esa naturaleza.
A él la decisión del tribunal le pareció "liberal y democrática".
Pero José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador dijo: "Enviarle al Congreso un mensaje para que legisle sobre el tema es una manera muy fácil de lavarse las manos. La impresión que yo tengo es que allá hay magistrados que, como no pueden modificar la Constitución, presionan al Congreso para que se cambie lo que ellos deben guardar".
Mientras tanto, Alfonso Prada, representante por el Partido Verde, consideró pertinente la orden de la Corte para que el Congreso regule los matrimonios homosexuales. "Me parece que es un instrumento razonable para que el Congreso, en 2 años, enfrente con decisión y valentía una determinación sobre un tema tan delicado. Si el Congreso en dos años no resuelve este tema, lo que muestra es cobardía y falta de liderazgo", dijo.
También Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, respaldó el fallo de la Corte.
Juan Manuel Corzo
Presidente del Senado
"No veo el ambiente para que pase una iniciativa en ese sentido. Pero es un buen precedente que la Corte cumpla con sus funciones, entendiendo que no puede modificar la Carta con fallos en sustancia y de fondo".
Simón Gaviria
Presidente de la Cámara
El matrimonio gay requiere mayor revisión. Es un proyecto de mucho interés para la opinión pública, y veremos si en el Congreso hay ambiente para debatirlo.
GOBIERNO MODIFICARÁ PROHIBICIONES SOBRE CIGARRILLO Y ALCOHOL
El proyecto, que en su versión original tenía 261 artículos, promete ser objeto de una profunda controversia en el Legislativo.
Gobierno canceló a última hora la radicación del proyecto que crea el estatuto de estupefacientes.
El estatuto regula la política sobre drogas ilícitas, tabaco y alcohol en Colombia.
Una hora antes de lo anunciado, y sin dar mayores detalles, el Ministerio del Interior, Germán Vargas Lleras, envió una comunicación en la que informó que se cancelaba la radicación de la iniciativa en la Cámara.
En diálogo con periodistas, Vargas Lleras se limitó a anunciar que la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la República sería este miércoles.
El proyecto inicial contemplaba, entre otros puntos, la prohibición para consumir tabaco y derivados en las vías públicas, y eliminaba la publicidad de bebidas alcohólicas en escenarios deportivos.
ELTIEMPO.COM conoció que el Ejecutivo decidió hacer varias modificaciones en estos dos polémicos artículos.
Los cambios, según supo este diario, se darán por cuenta de la Ley Antitabaco, que ya establece algunas restricciones para los fumadores, las cuales, a juicio del Gobierno, se repetían en el estatuto de estupefacientes. También se harían cambios en materia de publicidad de bebidas alcohólicas, que en principio se prohibía totalmente en eventos y escenarios deportivos.
Este último punto podría afectar a una importante empresa cervecera del país que patrocina a la Selección Colombia de fútbol, al igual que a varios equipos del rentado colombiano que derivan su publicidad de las licoreras departamentales. El proyecto contenía, en la versión original, 261 artículos.
LOS 'JUECES' MEDIÁTICOS
Víctor Manuel Ruiz
¿Seguimos creyendo en la bien probada rectitud inherente a la rama judicial o acatamos, como última instancia, los "fallos" de políticos y columnistas?
Advierto de entrada que este comentario lo escribo menos como abogado que como ciudadano raso, y que, por supuesto, no entraña ánimo guerrerista, ni intención beligerante hacia instituciones o personas. Lo hago convencido de que algunas decisiones judiciales de particular resonancia, proferidas en los estrados colombianos, requieren también hacerles pública una mirada respetuosa, ponderada y objetiva, no únicamente la injuria, el ultraje y la descalificación a que las someten, un día sí y otro también, reconocidos políticos y unos pocos comentaristas con tribuna mediática de opinión libérrima en prensa, radio y redes informáticas.
Es motivo de justificada alarma comprobar que de pocos años a esta parte, puntuales organismos de la rama judicial, como la Corte Suprema de Justicia y, más aún, funcionarios de alto nivel (magistrados, jueces y fiscales), vienen siendo objeto, con nombre propio, de pugnaces ataques y denigrantes calificativos que, amén de entorpecer el noble ejercicio de administrar Justicia, ayudan a colocar a sus operadores en infame disyuntiva, bien conocida: o el destierro desolador o, en su propio suelo, el explicable terror ante gravísimas amenazas que pueden terminar en tragedia.
Hay que ver, por ejemplo, cómo no aporta elemento alguno al necesario clima de convivencia social y acatamiento a la Justicia el ex presidente Uribe Vélez cuando, prevalido de su reconocida popularidad y sabedor de que los medios recogen todas sus explosiones verbales o escritas (hirientes y a veces perversas), insiste en descalificar actuaciones de la Corte Suprema que no bendicen las pretensiones de sus amigos políticos.
Pero esto es, sin duda, asimilable a un baile de quinceañeras si hemos de referirnos a otra campaña de desprestigio, adelantada con acritud desde diversos medios por reconocidos comentaristas contra los despachos y las funcionarias de Fiscalía y tribunal que tramitaron en primera instancia la acusación, juzgamiento y condena por los desaparecidos tras la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
A ojos de iniciados en ciencias jurídicas que hayan leído las providencias y en sentir de millones de ciudadanos habituados a que los procesos se ventilan en los estrados y no desde columnas o noticieros, la condena del coronel Alfonso Plazas Vega se presume proferida en estricto derecho y no admite, en consecuencia, discusiones que no sean las contempladas para instancias superiores en las normas sustantivas y de procedimiento penal.
Sin embargo, ahí tenemos al doctor Fernando Londoño Hoyos (convencido de ser no solo el mejor sino el único abogado en este mísero suelo, abarrotado de chupatintas y leguleyos), con porfía digna de mejor causa en alguien que ha estudiado leyes, y contra toda evidencia, obcecado en sostener que la jueza de esta causa es un atentado a la inteligencia y, por consiguiente, el fallo condenatorio de Plazas significa una aberración judicial que, si el superior confirma, será otro estigma para la Historia Universal del Heroísmo.
Semejante desenfreno (con eco en otro columnista, Plinio Apuleyo Mendoza, atildado escritor que no tiene por qué saber Derecho) ha alcanzado extremos delirantes de intolerancia, fanatismo y animadversión personal o política, sin ninguna juridicidad, hasta sostener sin sonrojarse y sin que les tiemble la pluma, que la sentencia condenatoria de Plazas es nula porque se habría edificado únicamente en un testimonio que ellos, Londoño y Mendoza, encuentran falso, no importa que en el proceso figure como prueba de validez absoluta.
Pregunto, entonces: ¿seguimos creyendo en la bien probada rectitud inherente a la rama judicial o acatamos, como última instancia, los "fallos" de políticos y columnistas sobre ciertas causas judiciales y sus legítimos operadores?
LA VOLUNTAD POPULAR ES VALIDAR MATRIMONIO HETEROSEXUAL": JUAN CORZO
Esta polémica declaración que anticipa la posición del presidente del Senado frente al matrimonio gay, lo obligaría a declarase impedido para conducir cualquier plenaria sobre el tema.
Luego de que la Corte Constitucional dejara en manos del Congreso el legislar sobre si permite o no el matrimonio en parejas del mismo sexo, desde el Capitolio algunos fijan postura en el tema.
De quien más sorprendió que tomara partido fue el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo.
Al ser consultado sobre la decisión de la Corte, Corzo dijo que aplaude "la cordura" del alto tribunal y lo consideró "un buen precedente para el país".
“Yo aplaudo esa gran cordura de la Corte, en el sentido de no fallar en sustancia”, indicó.
Pero al hablar de fondo sobre el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, el legislador dijo que "como buen conservador", no está de acuerdo con esa unión.
"Debemos ser respetuosos de la voluntad popular, de permitir como válido el matrimonio heterosexual, como se consagró en la carta de 1991", recalcó.
Su declaración obligaría a Corzo a declararse impedido para dirigir cualquier plenaria que toque los temas de los homosexuales. En su momento, el expresidente de la Cámara, Alfredo Ape Cuello, tuvo que dejar la dirección de la plenaria de la corporación por haberse mostrado en los medios contrario a un proyecto en favor de la comunidad LGBTI.
Pero pese a estar en contra, señaló que los congresistas que se sientan acogidos por la idea de aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, quedan en libertad de presentar un proyecto de acto legislativo, si así lo desean.
EL ESPECTADOR
SE ABRE PASO ELIMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ACUSACIÓN
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, dijo que en la reforma a la justicia se debe incluir esa posibilidad.
De a poco empieza a ser realidad la eliminación de la comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes que se encarga del juzgamiento del Presidente de la República, los expresidentes, el Fiscal y los exfiscales, el Procurador y los exprocuradores, y los magistrados de las altas cortes.
Al amparo de la reforma a la justicia que será radicada por el Gobierno la próxima semana, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria se mostró partidario de "acabar" con la comisión, a la cual consideró "ejemplo de impunidad por ineficiencia".
Según el legislador, a la Cámara hay que "dejarle sólo lo que hace bien" que es adelantar el control político y continuar el trámite de las leyes.
"La Cámara debe desprenderse de la responsabilidad de esos procesos", recalcó Gaviria Muñoz.
Actualmente, hay casi 1.000 procesos represados en la comisión pues "la instrucción se hace mal".
En ese sentido, Gaviria puso de ejemplo cómo fue de "complejo" adelantar la diligencia de versión a alias 'Rasguño', quien está detenido en Estados Unidos y declaró en el caso contra el expresidente Ernesto Samper.
El martes la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la renuncia de Camilo Andrés Abril a la comisión de Acusación.
El legislador de Casanare, exinvestigador del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso de las 'chuzadas', decidió apartarse de la comisión por su "falta de dientes" en los procesos que lleva.
"Es una comisión inoperante (...) debe crearse un Tribunal especial para investigar a los magistrados de las altas cortes, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Presidente de la República y los expresidentes", explicó.
PLANTEAN PERMITIR ADOPCIÓN DE MENORES A PAREJAS DEL MISMO SEXO
El representante Iván Cepeda es el primer político colombiano que pidió esa posibilidad a la Corte Constitucional.
A escasas horas de que la Corte Constitucional tome una decisión sobre el matrimonio en parejas del mismo sexo, un importante sector de opinión del Polo Democrático Alternativo defendió esa posibilidad.
El representante a la Cámara por Bogotá, Iván Cepeda Castro, afirmó que las parejas conformadas por personas homosexuales deben gozar de los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales.
En ese sentido, aseguró que la "ampliación de libertades es el camino hacia la construcción de la democracia.“
Para el legislador, un Estado social de derecho debe reconocer el derecho de las personas homosexuales a casarse. Y fue más allá al advertir que a los homosexuales se les debe permitir adoptar hijos y constituir una familia de acuerdo con sus convicciones y elecciones personales.
Cepeda consideró que tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, "está proscrita" toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual, y todas las parejas gozan de los mismos derechos y beneficios, y tienen las mismas cargas, independientemente de si se trata de parejas heterosexuales o parejas homosexuales.
Para antes de que termine este martes, se espera el fallo de la Corte para saber si en Colombia habrá matrimonio entre homosexuales.
JUDICATURA INTENTARÁ ELEGIR A DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUSTICIA
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura intentará, por tercera vez, elegir al Director Ejecutivo de la Rama Judicial, tras dos sesiones fallidas y con la mediación de acciones de tutela que terminaron en la Corte Constitucional
El pasado 13 de julio la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial eligió nuevamente la terna de aspirantes, luego de casi dos años de discusiones y el desarrollo de un intrincado jurídico que, aparentemente, ya empezó a desenredarse.
Martha Catalina Velasco Campuzano, Sandra Lizeth Ibarra Vélez y Diógenes Villa Delgado integrarán desde este miércoles la lista de candidatos, luego de la revisión de una acción de tutela a través de la cual la Corte Constitucional ordenó recomponerla.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, encargada de hacer efectiva la elección definitiva, había objetado la presencia de la antigua lista inicialmente, pero la Comisión había considerado que no había lugar a aceptar tales alegatos.
Por una decisión judicial, este grupo había sido recompuesto, pero un fallo de tutela también había provocado una nueva frustración en el nombramiento, pues se ordenó el retorno de lo primeros ternados al grupo de preseleccionados.
Finalmente, la Corte Constitucional, al revisar el fallo, consideró que se debía corregir todo el proceso y, luego de anular lo actuado, ordenó nombrar nuevamente a los aspirantes.
SÍ, PERO NO AL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS GAY
Corte deja en manos del Congreso matrimonios homosexuales
La corporación consideró que es necesario adelantar una iniciativa legislativa que lo respalde.
Nuevamente la Corte Constitucional se negó a darle el sí definitivo a las parejas del mismo sexo y determinó que la posibilidad de que éstas puedan contraer matrimonio es un asunto cuyo escenario propicio es el legislativo.
En esta oportunidad, exhortó al Congreso de la República para que a través de la vía legislativa se promueva un proyecto que permita dirimir si es posible o no avalar la unión civil entre personas homosexuales.
Pese a que los demandantes alegaban la inexequibilidad del artículo 113 del Código Civil, la Corte tuvo en cuenta la existencia de disposiciones constitucionales que indican expresamente que el matrimonio nace de la voluntad de un hombre y una mujer, como lo señala el artículo 42 de la Constitución.
Para los accionantes, el hecho de que el citado código limitara ese tipo de contrato civil a la unión de parejas heterosexuales era violatorio del derecho fundamental a la igualdad de donde concluían la inconstitucionalidad de la norma.
Por su parte, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, había solicitado a la máxima guardiana de la Carta Política abstenerse de emitir un pronunciamiento jurídico de fondo, aduciendo que la Constitución y la Ley son claras en reconocer el matrimonio, únicamente, a partir de la unión entre un hombre y una mujer.
Según él, no sólo el artículo 113 del Código Civil sino el segundo de la Ley 294 de 1996 y el segundo de la Ley 1361 del 2009 respaldan la configuración de la familia y la sociedad conyugal en estas condiciones.
PIDEN LEGISLAR EN FAVOR DE LOS HOMOSEXUALES
Parejas homosexuales pueden ser familia, pero no casarse: Corte
La Corporación ratificó la exequibilidad de las normas civiles que limitan el contrato nupcial a la unión de hombre y mujer.
Las parejas homosexuales sí podrían constituir una familia, pero no pueden contraer matrimonio según la normatividad vigente, sostuvo la Corte Constitucional, que lanzó un jalón de orejas al Congreso por considerar que les ha dado un trato discriminatorio a las personas que poseen esta condición.
El presidente, Juan Carlos Henao, indicó que, por unanimdad, la colegiatura decidió ratificar la constitucionalidad del espíritu de la norma, que limita la posibilidad de contraer matrimonio a las parejas heterosexuales.
A su vez, se declaró inhibida frente al examen de exequibilidad de la expresión, “procrear”, a la que se refiere el artículo 113 del Código Civil, toda vez que, a su juicio, no es el único propósito de la familia, y de allí que la colegiatura concluya que las parejas gay sí puedan conformarla. El magistrado Henao sostuvo, que, en este punto, los demandantes interpretaron inadecuadamente la norma.
El alto tribunal consideró que la conformación del matrimonio de manera exclusiva entre un hombre y una mujer sí se ajustaba a la Constitución, pero que había un déficit de garantías para los homosexuales, frente a la libertad que tienen los colombianos para conformar una familia.
La Corte determinó que si al 20 de junio de 2013 las parejas del mismo sexo no son cobijadas por una nueva normatividad civil que les permita hacerse a gran parte de los derechos de los que ya gozan los matrimonios heterosexuales, las primeras tendrán la libertad de acudir a una Notaría para formalizar su unión civil, pero a través de una figura distinta a la del matrimonio.
Para la corporación, es necesario crear una figura especial que no vaya en detrimento de la concepción de la familia surgida a partir del matrimonio y que está consagrada en el Código Civil y en la Constitución como la unión entre un hombre y una mujer.
EL 'ANÓNIMO' MÁS PODEROSO DEL PAÍS
Por: Cecilia Orozco Tascón
El 26 de junio de 2007, el magistrado Augusto Ibáñez fue elegido en la Corte Suprema casi por unanimidad, con 19 de 21 votos posibles.
A pesar de que ya han pasado 4 años, a un ‘anónimo’ le dio ahora por denunciar ese hecho ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Casualmente, la queja llegó horas después de que Álvaro Uribe trinara de la ira en Twitter contra Germán Vargas Lleras, de quien asegura que fue el padrino de Ibáñez ante la Corte. Vargas, afirma Uribe, tiene indagaciones en el alto tribunal por presuntos nexos con jefes paramilitares. Sugiere que no avanzan y se pregunta si Ibáñez se declaró impedido de investigar a quien lo hizo seleccionar en Sala Plena. Enseguida se presentó otra casualidad: el vocero de la Comisión, compuesta en su mayoría por miembros del partido de Uribe, informa a la opinión que este organismo acoge el ‘anónimo’ y que le abrirá proceso a Ibáñez.
No dijo por cuál motivo. Puede ser por haber sido elegido, o por dejarse elegir. Tal vez, por engavetar los procesos contra Vargas Lleras, o por todos los anteriores. Tampoco reveló si la Comisión investigará a los 19 magistrados que votaron por Ibáñez o si sólo a los 9 miembros de la Sala Penal que se habrían concertado con él para delinquir, evadiendo su deber de juzgar a Vargas. Mucho menos contó cómo hará la Comisión para saber la identidad de los dos magistrados que no apoyaron a Ibáñez con el fin de excluirlos del caso, puesto que el voto en la Corte Suprema es secreto. Y lo más importante, no señaló si, previo al diligente anuncio, alguien se tomó el trabajo de averiguar si hay investigaciones por parapolítica contra Vargas en la Corte, imagina uno que en sus tiempos de parlamentario porque hoy no tiene fuero, para no hacer el oso parándole bolas a un reclamo sin fundamentos.
Pues bien, todo indica que no hay averiguaciones contra Vargas. Una cosa son las versiones y otra, su concreción ante la justicia. Pero no le demos más vueltas al asunto: el país está enterado de que Uribe considera a Vargas en el campo político, y a Ibáñez en el judicial, sus peores enemigos, no obstante que el ministro del Interior fue uno de sus fuertes aliados. Más consistente es el odio del expresidente contra el magistrado y contra la Corte que él representó cuando Uribe tenía arrodillada a la nación, menos a los jueces, a los pocos miembros de la oposición y a una pequeña porción de la prensa.
Para entender en contexto la inquina de Uribe contra Ibáñez, hay que recordar que la elección de éste se produjo el año en que empezaba a condenarse a decenas de congresistas de la coalición del jefe de Estado, por parapolítica, entre ellos su primo Mario Uribe. El exmandatario nunca disimuló su rabia con el presidente de la corporación de 2007, César Julio Valencia Copete, ni con la Sala Penal a la que pertenece Ibáñez. Igual resquemor sufrió el antecesor de Valencia en la presidencia del alto tribunal, el también miembro de la Sala Penal Yesid Ramírez, a quien le tocó defenderse de las imputaciones que la Casa de Nariño le hizo. A propósito, la misma Comisión de Acusación profirió auto inhibitorio a favor de Ramírez por la denuncia de enriquecimiento ilícito que otro ‘anónimo’ puso contra él en esa tormentosa era. En 2007 no lo sabíamos, pero ya estaba ejecutándose el plan para exterminar la fama de la Corte que hoy conocemos como las “chuzadas” del DAS. El 2008 fue de descubrimientos periodísticos sobre el espionaje ilegal y en 2009 Augusto Ibáñez fue elegido nuevo presidente de la corporación desde donde mantuvo, a costa aún de su seguridad personal cuyas serias dificultades persisten, la respetabilidad de la justicia colombiana. Esto es lo que intentan cobrarle ahora los ‘anónimos’ más poderosos del país.
SEGURIDAD HUMANA Y GARANTÍA DE DERECHOS
Por: Marcelo Caruso A.
La seguridad atraviesa la agen-da nacional y distrital.
En sus extremos encontramos a los partidarios de la seguridad basada exclusivamente en el aumento de la Fuerza Pública, y en el otro, a quienes apostaron todo a la cultura ciudadana. En uno, nos controla un uniformado, en el otro un mimo o un policía dentro de cada uno. En esta sociedad de control y del autocontrol, ambos extremos tienen razón en analizar que la otra opción no ha funcionado, pero sin aclararnos el porqué de su afirmación. En el centro, encontramos a los pragmáticos que recurren a la superficial receta de un poco de cada ingrediente.
A nuestro entender el problema pasa por superar las visiones autoritarias y paternalistas de la seguridad, y pasar a construir con las comunidades las políticas públicas que las determinan. Un asunto tan vinculado al conjunto de la sociedad, al doloroso debate sobre los riesgos en la restitución de las tierras despojadas, pero que sólo está siendo pensado desde el Estado y sus estudiosos tecnócratas de la seguridad. Por eso genera agradable sorpresa conocer que el naciente Consejo de Defensa Suramericano, una de las comisiones de Unasur, conciba la defensa de la soberanía nacional y regional como un conjunto de acciones democráticas solidarias y complementarias, articuladas con la idea de la búsqueda conjunta de la seguridad en temas de recursos naturales, alimentarios, de salud, de desequilibrios ambientales, y con énfasis en el fortalecimiento de la participación ciudadana y, textualmente, en el enfoque de género.
Son visiones olvidadas desde que los atentados a las Torres Gemelas generaron la respuesta de una seguridad basada en la guerra preventiva al terrorismo. Y lo significativo es que estos principios fueron firmados por el entonces ministro de defensa del gobierno anterior, a cambio de la inclusión del punto que rechaza las insurgencias armadas internas, lo que no niega la obligación de hoy aplicarlos desde la función presidencial.
Esa mayoría de gobiernos “progresistas y de izquierda” de Suramérica y el Caribe parece estar recuperando el debate planteado desde el PNUD en los años 90, post-Guerra Fría, sobre la seguridad humana. La idea entonces muy general, busca superar el concepto de la seguridad vinculado a las doctrinas de la seguridad nacional, el orden público y el control sobre la sociedad, para direccionarlo hacia espacios sociales y comunitarios en los que los seres humanos elaboran los contenidos de su exigibilidad de derechos, proponiendo la construcción participativa de planes de prevención y protección del riesgo. Su efecto de disuasión en las políticas de defensa y seguridad se basa en la legitimidad surgida de la profunda raíz social y democrática de su construcción.
Fue la Corte Constitucional, enfrentando serios problemas de seguridad, la que logró continuar este nuevo enfoque en sus sentencias y autos de seguimiento relacionado con las víctimas del desplazamiento forzado. La exigencia al Gobierno de una inmediata atención y restitución de sus derechos vulnerados a través de políticas de prevención, protección y restitución desde un enfoque diferencial y de género, es un reencuentro y un aporte universal a los contenidos de la seguridad humana, la cual aparece como la clave para permitir un movimiento de víctimas con capacidad de exigir e imponer la real restitución de derechos y tierras.
CAUSAS DE LA ANARQUÍA EXISTENTE
Por: Hernán González Rodríguez
En alguna reunión, con la participación de profesores de Derecho Constitucional, se abordó el tema de la inquietante anarquía que se observa hoy en algunas de nuestras instituciones.
Estimaron éstos que el problema se inició en las décadas de los años 60 y 70, cuando como consecuencia de la infiltración marxista en nuestras universidades y como secuela a su vez de la "guerra fría", se educó una generación de abogados, periodistas… con un profundo resentimiento contra nuestras instituciones tradicionales. La graduación de profesionales del derecho y de comunicadores en las llamadas "universidades de garaje" también ha contribuido a la anarquía aludida.
No menos grave que lo anterior se estimó en la reunión el surgimiento por la misma época de los cultivos de marihuana y cocaína y la tolerancia de algunos colombianos y presidentes con una guerrilla incipiente. De nuevo, un factor externo, no ya el marxismo, sino los drogadictos estadounidenses y europeos, demandaron nuestras drogas, sin lo cual, quizá, no se habría convertido el narcotráfico en nuestra mayor catástrofe.
"Las palomitas de la paz" nos legaron unas Fuerzas Armadas diezmadas y unas autodefensas campesinas enfrentadas con las guerrillas para suplir el vacío del Estado. El narcotráfico financió pronto los ejércitos irregulares. El asesinato de magistrados y de jueces en la toma del Palacio de Justicia por el M19 atemorizó a destacados juristas para servirle al país y, lamentablemente, fueron reemplazados por no pocos abogados de la generación citada.
Así llega el país a finales de la década de los años 80, con una Justicia inoperante, acorralada por los narcotraficantes y por las guerrillas. Emergen, entonces, los colombianos angustiados que consideraban que una reforma constitucional sería la panacea para pacificar el país, poner a funcionar su Justicia y para modernizarnos. La Constitución del 91 fue la respuesta "providencial".
Alguno de los asistentes a la reunión dijo que dicha Carta se había ocupado casi exclusivamente de los derechos de los colombianos, al tiempo que había despojado al Ejecutivo de la autoridad para poder garantizarlos. En este sentido resultaba más equilibrada la Constitución de 1886.
Lamentables errores de la farragosa y mediocre Constitución del 91 provienen de su creación de numerosas Altas Cortes, sin limitarles claramente sus facultades y responsabilidades. Debido a esto, terminaron cogobernando los magistrados por medio de sus fallos y los juececitos por medio de sus tutelas. Y más grave aún, sin remedios posibles, porque como resultado de la nefasta cooptación o autonomía de una organización para elegir sus propios miembros, perpetuó la Carta esta decadencia judicial.
El efecto más alarmante de esta politización lo señalaron en el enfrentamiento existente, evidente, de la Rama Judicial con las Fuerzas Armadas, tal como lo demuestran: la supresión de la justicia penal militar, las exageraciones con los "falsos positivos", los juicios por las supuestas víctimas civiles de sus bombardeos, los testigos falsos contra ellas, el rechazo de la colaboración estadounidense contra el narcotráfico, las limitaciones legales irracionales sobre sus actos de guerra... Al respecto se mencionó que el presidente López Michelsen sostenía que "ningún país podía funcionar a cabalidad, mientras sus Fuerzas Armadas y su Justicia no se encaminaran en el mismo sentido".
Las conclusiones de la reunión fueron claras: Ningún colombiano puede desear que el presidente Santos fracase en su gestión de gobierno, aun cuando no haya votado por él. Y una verdadera reforma de la Justicia se insinúa como su mayor reto. Apoyé su campaña, voté por él y deseo que triunfe.
EL NUEVO SIGLO
MATRIMONIO ES ENTRE HOMBRE Y MUJER: CORTE
Secretario de Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba exhortó a seguir fortaleciendo la unidad familiar.
LA CONFORMACIÓN del matrimonio es entre un hombre y una mujer, dictaminó la Sala Plena de la Corte Constitucional, al estudiar la demanda que exigía que se reformara el articulado pertinente en el Código Civil.
El alto Tribunal dictaminó que no sólo en el Código Civil está consignada la definición del matrimonio heterosexual, sino inclusive en la Constitución, en su artículo 42, por lo que se abstuvo de estudiar a fondo el artículo 113 del Código, que define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear.
De esta manera, la alta Corte acogió el concepto que profirió el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien le había solicitado abstenerse de emitir un pronunciamiento jurídico de fondo, argumentando que la Constitución y la ley son claras en reconocer el matrimonio a partir de la unión entre un hombre y una mujer.
De otro lado, el secretario general de la Conferencia Episcopal colombiana, monseñor Juan Vicente Córdoba, recibió con una discreta satisfacción la decisión de la Corte Constitucional.
"Nosotros reaccionamos con una discreta satisfacción pero al mismo tiempo continuamos con nuestra misión y exhortamos a nuestros católicos a que sigan fortaleciendo la unidad familiar, compuesta de hombre y mujer y con los hijos y la familia que es la iglesia doméstica, la célula primordial de la sociedad", manifestó el prelado.
Sin embargo, la alta Corte, como lo ha venido ha hecho en otras sentencias, reconoció que las parejas del mismo sexo deben gozar de ciertos derechos, incluido al de formar una familia. “Lo importante es que ese nuevo régimen jurídico subsane los déficit de protección constitucional y de dignidad humana que consideró violentada la Corte Constitucional”, dijo el presidente de la Corte, Juan Carlos Henao.
Por eso, le ordenó al Congreso legislar en la materia, y le dio un plazo de dos años para que lo haga. En particular el Legislativo deberá resolverle a estas parejas el derecho a la familia, buscando otros mecanismos distintos al del matrimonio, como la unión de facto, o la celebración de contratos solemnes.
El fallo del alto Tribunal dice: "exhortar al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle de maneras sistemática los derechos de las parejas del mismo sexo con el fin de eliminar el déficit de protección que según los términos de la sentencia afecta a determinadas parejas".
Según el magistrado Henao, en caso de que el Congreso haga caso omiso a este llamado, las parejas podrían acudir ese mismo día ante el Notario o ante el juez para que les ratifique el vínculo jurídico.
Ante este llamado para que sea el Legislativo el que legisle en la materia, EL NUEVO SIGLO consultó a varios congresistas para saber su opinión.
El senador José Darío Salazar, presidente del Directorio Nacional Conservador, dijo que “esa es una manera fácil de algunos magistrados de lavarse las manos. Lo que han debido decir a los LGTB que la Constitución no la pueden ellos modificar y que la demanda no la aceptaban porque va en contra de la Carta que ellos tienen que guardar”.
El senador Antonio Guerra, vicepresidente del Senado y codirector de Cambio Radical afirmó que “lo primero es que hay que hacerle llegar un mensaje a la Corte que algunas veces ellos legislan por nosotros y en otras, con ciertas papas calientes nos la devuelven para que seamos nosotros los que legislemos. Estamos, en mi caso particular, listos para de manera profunda y respetuosa adelantar el debate correspondiente y que sea el Congreso el que se pronuncie sobre la conveniencia o no del matrimonio gay en Colombia”.
Por su parte, el representante Germán Navas, Polo Democrático señaló que fue “acertada la propuesta de la Corte y es hora de que el Congreso se ocupe de esto”.
por último, el senador Jorge Ballesteros, del Partido Social de Unidad Nacional (La U) afirmó que “es una decisión muy sabia de la Corte. Seguramente esto ameritará una reforma constitucional y eso es de la competencia del legislador. Me parece que es un debate que va a ser intenso, que va a ser interesante y que va a ser importante, para finalmente tomar una decisión sobre el tema”.
¿FUNCIONARIOS REGIONALES DEBEN SER OBJETO DE MOCIÓN DE CENSURA?
La propuesta había sido hecha por el Gobierno en el proyecto del nuevo Código departamental, que nunca fue debatido en el Senado.
LA POSIBILIDAD de que el control político, a través de la moción de censura, pueda ser ejercido por las Asambleas departamentales contra los directivos o funcionarios encargados de manejar entidades estatales del orden regional, parece no estar lejos.
En la anterior legislatura esta propuesta estaba contemplada en el proyecto del nuevo Código departamental que radicó el Gobierno en el Congreso, pero que finalmente no fue debatido en el Senado. Sin embargo, no se descarta que vuelva a ser radicada en este periodo.
El senador conservador Eduardo Enríquez Maya, quien era el coordinador de ponentes de la iniciativa, le dijo a EL NUEVO SIGLO hace un mes, que uno de los temas en los que había discusión entre los ponentes, era precisamente ese: “El proyecto del Gobierno propone extender el control político contra los institutos descentralizados de rango departamental. Hay que hacer un estudio muy detenido sobre esta propuesta para precisar si estaría de acuerdo a la Constitución Nacional, o estaría por fuera de ese marco. Ese es un tema súper importante que hay que tratarlo con mucha responsabilidad”.
Esta Diario consultó a varios parlamentarios para saber la conveniencia o no de una propuesta de esta índole. El senador del partido de La U, Roy Barreras, se mostró de acuerdo con esta propuesta.
“Ese proyecto me parece necesario en el proceso de fortalecimiento de los entes territoriales y además democráticamente útil. Yo soy partidario de que los cuerpos colegiados territoriales tengan eficazmente la moción de censura como una posibilidad”, señaló.
El codirector del partido Cambio Radical Antonio Guerra expresó su desacuerdo: “A ese tipo de propuestas no le camino, porque la política a nivel local no se parece a la de nivel nacional, y se puede prestar a desafueros y extremos indeseables, y en principio me manifiesto en contra de la propuesta de hacerle control político a entidades del orden nacional con asiento en lo departamental”.
Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco aseguró que se debe realizar un estudio constitucional para saber si es viable esta propuesta. “Debe haber un estudio constitucional para ver su procedencia, pero en el tema político, a mí no me disgusta que haya algún tipo de control a los funcionarios de entidades nacionales, que muchas veces al no ser controlados desde el orden nacional, se olvidan de coordinar acciones con las autoridades regionales y locales, y se creen autónomos”, precisó.
El senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda considera que sí debe otorgárseles a las Asambleas y Concejos municipales dichas facultades.
“Si es moción de censura contra autoridades de carácter regional o local sí debe otorgárseles a las Asambleas y a los Concejos municipales. Pero también debe complementarse esa medida con entender el fuero que hoy tienen los parlamentarios; esa inmunidad que hoy les otorga la Constitución, también debe otorgárseles a los miembros de las Asambleas y los Concejos municipales, porque si no hay seguridad, no vamos a poder a fortalecer el control político”, manifestó.
El senador Juan Manuel Galán está parcialmente de acuerdo con la medida.
“El riesgo es que existan unos intereses políticos locales muy fuertes, que influyan en esas decisiones de control político. Si es un control político libre, soberano, responsable, argumentado, serio, bienvenido el fortalecimiento de los entes territoriales en sus facultades de control y planificación. Si eso genera mayor descentralización, me parece que es bien importante, pero siempre existirá la preocupación de que haya intereses de facciones políticas locales enfrentadas, que quieran vengarse una de la otra, utilizando como carne de cañón a los funcionarios”, dijo.
De otro lado, el representante a la Cámara Telésforo Pedraza, hizo algunos reparos a estas facultades.
“Yo soy muy amigo del control político, y ese tema hay que revisarlo, y lo importante no es que eso de pronto pueda ser malo, porque lo malo es que termine en un tren de politiquería que no permita que los funcionarios puedan cumplir con sus deberes y sus obligaciones”, manifestó.
SENSATA RECTIFICACIÓN
Por FERNANDO NAVAS TALERO
“Conveniencia del proyecto presentado al Legislativo”
SE ha presentado a consideración del Congreso un proyecto de reforma constitucional mediante el cual se rectifica el imperdonable error de haber consagrado la reelección inmediata del Presidente de la República, enmienda aprobada con cohecho y prevaricación sancionados por la Corte Suprema. Esta reelección se decretó, todo el mundo lo sabe, para satisfacer la ambición de poder enfermiza del ex presidente Uribe Vélez y de sus cómplices, quienes, en su afán por apropiarse del Estado, no tuvieron inconveniente ni reato alguno en intentar arreglar la norma para que el “Principito” se perpetuara en el poder, intentona que no lograron consumar, gracias a la oportuna intervención de algunos patriotas que a todo riesgo se la jugaron para denunciar la trapisonda.
El sucinto resumen es suficiente motivación para entender la conveniencia del proyecto presentado al Legislativo y la oportunidad para su debate. Hasta ahora el doctor Santos Calderón, en su cruzada anticorrupción, ha dicho que no lo mueve ningún interés reeleccionista y, según el dicho popular, a la gente hay que creerle, independientemente de que sea o no política. Distinto es que con el paso del tiempo sus ambiciones se despierten y caiga en la tentación natural que la norma vigente provoca. Para evitar esas debilidades, por cierto muy “humanas”, nada mas indicado que prohibir la reelección.
Si de algo sirve invocar el derecho constitucional consuetudinario, como lo llaman algunos, o simplemente la tradición constitucional, Colombia ha sido fiel al principio de la no reelegibilidad del Presidente, eso es lo que se verifica en sus distintos estatutos y si se ha admitido ha sido alternada, tal vez para satisfacer la megalomanía de los ex presidentes, que con esa ilusión alimentan su libido política y permanecen vigentes hasta el final de sus días. El símbolo de los ex presidentes le da a la organización política un tinte de “monarquía” hereditaria que explica hechos como que Simón Gaviria sea Presidente de la Cámara y que el mismo Juan Manuel sea Presidente de la República.
Prohibir la reelección inmediata es una vacuna para evitar los abusos que se vieron en el pasado reciente. Lo ideal sería prohibirla radicalmente, como lo hizo el Constituyente de 1991, pero no será fácil que el club de ex presidentes lo tolere. Seguramente que se intentará regresar al viejo sistema, propuesta en la cual estaría vivamente interesado el uribismo, pues intentarán hacer borrón y cuenta nueva, de manera que al doctor Álvaro se le abra la posibilidad de volver a reinar.
La Carta Constitucional se ha convertido en la caja de Pandora, ahí se depositan todas las esperanzas y una de las que hay que tener claridad es la del ex presidente Uribe de volver al poder. De lo contrario ya hubiera abandonado sus cuarteles de invierno y estaría dedicado a cuidar sus cuadras. Los intereses de Vargas Lleras, Angelino Garzón, y de otros misteriosos ministros se ponen en juego con esa intención constituyente.
ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER
Por JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
“No corresponde al ámbito del control de constitucionalidad”
A propósito del fallo de la Corte Constitucional acerca del matrimonio entre homosexuales, conviene precisar el alcance de la función de control que a ese órgano corresponde.
La tarea de la Corte implica una confrontación entre las normas inferiores y la Carta Política, para resolver de manera definitiva y con fuerza de cosa juzgada si la Constitución ha sido violada o no. Y, si lo fue, la Corte declara la inexequibilidad del precepto examinado, lo que significa que lo expulsa del sistema por quebrantar los mandatos fundamentales.
Desde luego, al efectuar el cotejo del que se trata, los magistrados deben interpretar tanto la norma objeto de revisión como las de la Constitución. Aunque resulta elemental pero necesario expresar que si las palabras usadas por una y otra son las mismas, la interpretación no puede conducir a contradicciones que no existen.
Cualquiera entiende que si una norma inferior dispone lo mismo que la norma constitucional, la Corte no puede concluir que viola o desconoce la Constitución. Sencillamente, no es inconstitucional, y debe entonces ser declarada exequible.
Es lo que pasa con el matrimonio:
En efecto, el artículo 42 de la Constitución dice sin rodeos que la familia se constituye “por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
Por su parte, el artículo 113 del Código Civil define el matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
¿Dónde está la contradicción entre la norma del Código y el precepto de la Constitución?
El asunto no corresponde, entonces, al ámbito del control de constitucionalidad. Es una decisión propia de quien está habilitado para modificar la Constitución.
Así las cosas, si se considera que la definición del matrimonio debe ser distinta, habrá que reformar la Constitución y eso no le corresponde a la Corte Constitucional. No está entre sus funciones. Por el contrario, se le ha confiado su defensa. Y, mientras permanezca vigente el actual texto superior, si una norma de la ley dijera que el matrimonio es entre dos hombres, entre dos mujeres, o entre un hombre y varias mujeres, violaría la Constitución y la Corte tendría que declararla inexequible.
REVISTA SEMANA
CONGRESO DEBERÁ REGULAR MATRIMONIO GAY ANTES DE 2013
La alcaldesa de Chapinero, Blanca Inés Durán, se casó con su novia, Catalina Villa, el 31 de octubre pasado. El reconocimiento de su matrimonio, sin embargo, solo se dará cuando el Congreso regule la materia. Esa es la más reciente batalla de los gays en Colombia.
La Corte Constitucional exhortó al Legislativo a que expida una norma para superar el vacío legal sobre los derechos de las parejas homosexuales.
Con esta decisión, el Congreso no podrá hacer una norma negando la legalidad del matrimonio entre parejas homosexuales, pues de la jurisprudencia vigente se desprende que el matrimonio gay no es ilegal.
“Lo importante es que ese nuevo régimen jurídico subsane los déficit de protección constitucional y de dignidad humana que consideró violentada la Corte Constitucional”, dijo el magistrado Juan Carlos Henao, presidente del Alto Tribunal.
El Alto Tribunal le dio un plazo al legislativo hasta el 20 de junio de 2013 para regular la materia. En caso de que el Congreso desatienda este llamado, las parejas podrían acudir ese mismo día ante el Notario o ante el juez para que les ratifique el vínculo jurídico. Es decir que las parejas de personas del mismo sexo estarían cobijadas bajo las mismas normas que rigen para el matrimonio heterosexual.
El presidente de la Corte Constitucional dijo que el tribunal decidió "exhortar al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle de maneras sistemática los derechos de las parejas del mismo sexo con el fin de eliminar el déficit de protección que según los términos de la sentencia afecta a determinadas parejas".
En otras palabras, el concepto de matrimonio que quedó vigente, por ahora, es el de un "hombre y una mujer”, pero en un plazo de dos años las parejas del mismo sexo podrán gozar de los mismos derechos de las demás.
El debate
El debate no fue fácil. Los magistrados de la Corte Constitucional estaban divididos en dos bandos, y ninguno hacía la mayoría.
De un lado estaban los magistrados que están de acuerdo con la aprobación de ampliar el concepto de matrimonio a las parejas homosexuales. Estos son los magistrados María Victoria Calle, quien ya había liderado una ponencia en ese sentido; Luis Ernesto Vargas; Jorge Iván Palacio y Juan Carlos Henao.
Y del otro, quienes han defendido el concepto tradicional de matrimonio contenido en el artículo 113 del Código Civil, que fue demandado: Jorge Pretelt, Nilson Pinilla y Gabriel Eduardo Mendoza.
Este último fue el magistrado ponente, cuya argumentación estuvo orientada a negar la demanda contra el artículo del Código Civil. En su criterio, el concepto de matrimonio está definido por “la unión de un hombre y una mujer” y la revisión de estos conceptos abriría la puerta para la adopción de hijos a las parejas del mismo sexo, la cual debe tener en cuenta los derechos de los niños.
En un tercer grupo estaban los magistrados Mauricio González y Humberto Sierra Porto, quienes estaban de acuerdo con la de inhibirse para tomar una decisión de fondo y en su lugar darle paso al Congreso para que regule la materia.
Al final, esa posición reunió la mayoría de magistrados y fue por la que optó la sala plena de la Corte Constitucional.
La demanda
En 2008, el abogado Felipe Montoya ya había demandado el artículo 113 del Código Civil, que define el matrimonio como “un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”.
No obstante, en ese momento la Corte Constitucional argumentó que no había suficientes elementos argumentativos en la demanda y decidió declararse inhibida.
En ese momento el presidente del alto tribunal, el magistrado Mauricio González Cuervo, dijo: “no hay cosa juzgada, este no es un fallo y los demandantes pueden insistir ante la Corte Constitucional, pero con más peso en los argumentos, ya que se trata de una demanda en contra de un artículo de vital importancia para la Constitución Nacional”.
Pues en esta ocasión, la demanda contó con dos figuras de peso pesado en el derecho: la organización DeJusticia y Colombia Diversa fueron los que argumentaron la demanda.
En esta ocasión las partes de la ley demandadas fueron las expresiones “un hombre y una mujer” que se unen con el fin “de procrear” del artículo mencionado. Y por extensión, la definición de familia del artículo 2 de la Ley 294 de 1996 que dice que esta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de “un hombre y una mujer” de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
En criterio de los demandantes esas expresiones violan los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad, al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva.
Los demandantes argumentaron que consagrar “la procreación” como uno de los fines del matrimonio viola el derecho que tienen las parejas a decidir si quieren tener hijos o no.
Al respecto, la Corte decidió "declarase inhibida sobre la expresión 'de procrea'r, por ineptitud sustantiva de la demanda", explicó Henao.
Además sostuvieron a lo largo de su demanda que no hay razón para distinguir entre las parejas homosexuales y heterosexuales, pues la Corte Constitucional ya las ha asimilado como semejantes en fallos que reconocieron los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo anteriormente.
Los demandantes también hicieron hincapié en que a pesar de que el artículo 42 de la Constitución dice que una familia es la que está conformada “por un hombre y una mujer”, la Corte ha tenido que ampliar la definición para incluir familias en las que, por ejemplo, solo hay un padre.
Las conquistas
La organización Colombia Diversa calcula que al menos entre 8 por ciento y 10 por ciento de la población sería gay, y al menos 300.000 colombianos viven formando parejas del mismo sexo.
Ciudad de México fue la primera ciudad que legalizó el matrimonio gay, en diciembre de 2009. Argentina en julio de 2010 fue el primer país latinoamericano que legalizó el matrimonio entre homosexuales en todo su territorio, lo que les da mucho más derechos que una unión civil, incluido el de adoptar y de heredar posesiones.
Uruguay garantiza los mismos derechos a todas las parejas que hayan cohabitado durante más de 5 años. Ecuador protege a los homosexuales de la discriminación por orientación sexual. Y países como Chile y Nicaragua despenalizaron las relaciones homosexuales.
En Colombia, la comunidad homosexual ha ganado espacios y derechos gracias a sentencias de la Corte Constitucional y no en el Congreso, mediante la vía normativa.
Desde el año 2007 el alto tribunal ha emitido cuatro importantes sentencias que les garantizó a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales derechos que eran exclusividad de familias o parejas conformadas por un hombre y una mujer.
Una de ellas es el derecho que hoy gozan en materia de seguridad social: pueden afiliar a su pareja del mismo sexo al régimen contributivo de salud, al régimen especial de salud y pensiones de sobrevivientes, solicitar subsidios de vivienda, así como a adquirir la nacionalidad colombiana.
Y así como gozan de derechos, también asumieron deberes. Ahora es posible que un hombre o una mujer interpongan una demanda por inasistencia alimentaria a su pareja del mismo sexo o por violencia intrafamiliar. También tienen derecho a acceder a medidas de protección cuando su pareja sea víctima de crímenes atroces.
La más reciente victoria fue en abril de este año. La Corte Constitucional concedió a las parejas, incluidas las homosexuales, el derecho a reclamar la “porción conyugal”. Es decir que en caso de que uno de los integrantes de la pareja fallezca el sobreviviente puede reclamar la cuarta parte de la herencia.
EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL HIERE DE MUERTE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR"
Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal, defiende la postura de la Iglesia católica de rechazar el matrimonio homosexual. Para él, la Corte Constitucional no está cuidando la Constitución.
Los magistrados de la Corte Constitucional están en un debate trascendental para la sociedad colombiana. Este martes se espera conocer su decisión sobre permitir o no el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
Sobre el polémico tema, que han superado 12 países en donde este tipo de unión ya es legal, han salido voces a favor y en contra. Una de ellas es la de la Iglesia católica, que se ha unido con la Iglesia evangélica y la ortodoxa para pedirle a la Corte que no convierta en ley el matrimonio homosexual.
A propósito del tema, Semana.com entrevistó al secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba.
Semana.com: ¿Cree que la mayoría de los colombianos rechaza el matrimonio de parejas del mismo sexo?
Juan Vicente Córdoba: Hace como un mes y medio se conoció una encuesta en Bogotá y el 87 por ciento se opone a la adopción de niños (por parte de parejas homosexuales); el 82 por ciento, al matrimonio gay; y el 78 por ciento, al aborto. Nuestra cultura es cristiana, más del 90 por ciento de los colombianos son católicos y evangélicos. Es el sentir de un pueblo que siente que le van a lesionar su patrimonio cultural, sus valores y su idiosincrasia.
Semana.com: Esa posición de rechazo que ha manifestado la Iglesia católica, ahora unida con la evangélica y la ortodoxa, ha sido muy criticada. Los cuestionan por no tomar una posición igual de radical y pública en temas como las masacres, la pobreza y el abuso contra los niños...
JVC: Los evangélicos y los ortodoxos vinieron a acá a decirme que nos uniéramos porque querían expresar que tampoco estaban de acuerdo (con el matrimonio homosexual).
La Iglesia católica está metida en todo: lleva en América Latina el 47 por ciento de la salud, trajo universidades y colegios y durante 400 años fue la única que educaba. (...) Para la ola invernal no están escritas las millonadas que recogimos a través de ayudas internacionales que sólo confían en la Iglesia.
La Iglesia católica no está hablando solo de homosexuales, está en todo y el que lo desconoce es porque no lo ha querido ver. Acá en la Conferencia Episcopal tenemos un departamento de diálogo interreligioso; hay reuniones semanales con judíos, musulmanes y cristianos con quienes hablamos de todos los temas.
Semana.com: Aumentan los países que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué papel ha tenido la Iglesia católica en esos lugares?
JVC: En muchísimos no lo han hecho. No son la mayoría. Son relativamente pocos los que los ha aprobado y en muchos sitios la Iglesia ha tenido un liderazgo como en Uruguay, Chile y Nicaragua, donde no se ha permitido. Nosotros tenemos que defender nuestra cultura, idiosincrasia e historia.
Semana.com: ¿Por qué oponerse cuando la Constitución del 91 establece la libertad de cultos y separa la Iglesia del Estado?
JVC: Colombia no es un país laico, es un país teísta, que quiere decir de todas las religiones. En el preámbulo de la Constitución dice que “es un país que cree en Dios e invoca la protección de Dios”. Eso sí, Colombia no es un país confesional (de una sola religión).
Si fuera laico, no sería teísta, es decir, nada de Dios. Por eso cuando se posesiona el presidente y los congresistas, juran por Dios y la Patria.
Semana.com: Igual, la postura de ningún credo o religión puede ser un mandato...
JVC: Sí. Estamos de acuerdo y lo respetamos. Hablamos como ciudadanos, pero no le se olvide que cuando nosotros hablamos, lo hacemos por un país que tiene más del 90 por ciento de católicos, entonces no somos una voz que apareció por ahí detrás de una columna. No queremos hacer leyes ni influir en las leyes, sino en las costumbres, en la cultura y en los valores, eso sí nos toca a nosotros.
Semana.com: ¿Por qué, para ustedes, el matrimonio entre parejas del mismo sexo no es viable?
JVC: Es esencia del ser humano la pareja de hombre con mujer, que se complementan sicológica y físicamente. Dos hombres, dos mujeres juntas, en una relación emocional y sexual, no se complementan.
Se destruye la célula que conforma una sociedad como lo es la familia, transmisora de los valores éticos, humanos, de la cultura de un pueblo y su idiosincrasia y valores espirituales. Cuando la familia se acaba, se destruye una sociedad.
Al aceptar el matrimonio entre homosexuales se hiere de muerte la institución familiar. Respetamos su unión (marital): que puedan heredar, que puedan vivir juntos si quieren, que tenga seguridad social... en eso no nos oponemos, lo único que queremos es defender la institución familiar, que no los eleven a categoría de ley en un país donde la mayoría no quiere eso.
Semana.com: ¿No resultan fuertes sus palabras al decir que la Corte Constitucional no cuida la Constitución?
JVC: Ellos son los cancerberos, es decir, los que cuidan y vigilan en el buen sentido de la palabra. Ellos son guardianes de la Constitución y ellos no la están cuidando, sino que la están cambiando, imagínese la contradicción.
Para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, tienen que cambiar la Constitución y eso sólo lo puede hacer el Congreso. La Corte luego dice si se aprueba o no. Lo que no puede hacer la Corte es cambiarla, porque le quita atribuciones al Congreso.
Semana.com: ¿Entonces, para la Iglesia católica lo ideal es que el tema e estudie en el Congreso?
JVC: Sí. Es como preguntar ¿quién amamanta a los niños?: la mamá o el papá. Pues a la mamá, porque le toca.
Semana.com: ¿Por eso ahora se espera que el Congreso analice la propuesta que busca abolir la decisión de la Corte de permitir el aborto en tres situaciones específicas?
JVC: Vamos a hacer acto legislativo. Se estudiaban también el plebiscito y el referendo y se optó por el acto legislativo, que no se le consulta al pueblo.
Semana.com: ¿Qué partidos han apoyado?
JVC: Todos los partidos. En este momento han firmado como 35 senadores y representantes de todos los partidos: no es iniciativa del partido Conservador ni de la Iglesia católica, como han querido decirlo, es un error. La prueba es que ya han firmado del Polo, del Partido Verde, de Cambio Radical, Liberal y Conservador. Es multipartidista y multiconfesional.
Queremos que se reforme el artículo 11 de la Constitución diciendo que la defensa de la vida se haga desde la fecundación hasta la muerte natural. Si votan por él no, lo respetaremos.
Semana.com: ¿Entonces ya no habrá referendo?
JVC: Había que escoger uno. Al escoger el referendo habríamos presentado unas firmas y el Congreso y la Corte Constitucional nos debía decir si es legal o no. Se habría ido a votaciones en el país, pero no quisimos porque trae muchos gastos, miles de millones de pesos.
Semana.com: Hay quienes creen que posiciones como las de ustedes alimentan la homofobia y la discriminación...
JVC: De ninguna manera. Discriminación sería no darles los derechos fundamentales ante la ley y Dios. Lo que les decimos es que de los derechos que ellos tienen no hagan una ley para toda Colombia.
Que vivan juntos, que hereden, que tengan sus pensiones, su salud, que declaren rentas juntos, que lo hagan. Pero una cosa es eso y otra es que se cree una nueva ley para cambiar la familia en Colombia, porque atenta contra un valor fundamental de una cultura e idiosincrasia de un pueblo, donde la célula primordial es una familia de hombre y mujer.
Semana.com: ¿Cómo percibe la Iglesia católica a una persona homosexual?
JVC: Como un hijo de Dios con todos los derechos y deberes. No son enfermos, sino que tienen un desorden de orientación de identidad de género, de rol sexual. Es un desorden como los otros que son heterosexuales que no pueden vivir con una sola mujer. Ahí también hay un desorden. ¿Por qué a un hombre no le gustan las mujeres? Porque sicológica y afectivamente se sienten mujer, de manera inconsciente. Es ciencia sicológica.
Semana.com: ¿Qué posición tomaría la Iglesia en caso de que la Corte decida a favor del matrimonio gay?
JVC: Seguiremos evangelizando. La misión de la Iglesia católica no es crear leyes ni atacar a nadie.
CONGRESO, EL ÓRGANO DEL ESTADO MÁS DISCRIMINADOR DE LA POBLACIÓN LGBT: COLOMBIA DIVERSA
Para la corporación Colombia Diversa, "sólo se ha aplazado la decisión del matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo se podrán casar a partir del 20 de junio de 2013".
en la noche de este martes, la Corte Constitucional exhortó al Legislativo a que expida una norma para superar el vacío legal sobre los derechos de las parejas homosexuales y regule así el matrimonio gay antes del 20 de junio de 2013.
Valga aclarar que en caso de que el Congreso desatienda este llamado, las parejas podrían acudir ese mismo día ante el Notario o ante el juez para que les ratifique el vínculo jurídico. Es decir que las parejas de personas del mismo sexo estarían cobijadas bajo las mismas normas que rigen para el matrimonio heterosexual.
Ante la noticia, la Corporación Colombia Diversa emitió un comunicado en el que advierten que, según el fallo, "si después del 20 de junio de 2013 el Congreso no ha producido una decisión, la sentencia del día de hoy tendrá vigencia y se podrán realizar matrimonios civiles en cualquier notaría del país sin necesidad de reglamentación adicional, simplemente usando la misma que tienen las parejas heterosexuales".
La corporación calificó la decisión de "trascendental" al considerar que "reconoce a las parejas del mismo sexo como familias y define un estándar mínimo de protección constitucional para ellas".
Para Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, "el Congreso no ha sido ni será el espacio de garantías de los derechos de la población LGBT", y así "lo más probable es que sólo se ha aplazado la decisión y las parejas del mismo sexo se podrán casar a partir del 20 de junio de 2013".
La corporación recuerda que el Congreso ha tenido seis oportunidades de legislar sobre el reconocimiento de derechos mínimos a las parejas del mismo sexo y "no ha cumplido su deber". Agrega en el comunicado que incluso el Legislativo "ha ido más allá, pretendiendo aprobar leyes inconstitucionales para impedir a las parejas del mismo, la expresión del afecto en público".
Finalmente, Colombia Diversa concluye que la Corte Constitucional desconoce la forma "discriminatoria y prejuiciada" en que el Congreso "ha manejado los temas relativos a las parejas del mismo sexo y falta a su deber de protección de las minorías en una democracia deficitaria como la nuestra".
DOS AÑOS, PARA QUE EL CONGRESO LEGISLE SOBRE EL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO
Las parejas del mismo sexo podrán formalizar ante notario su vínculo contractual si el Congreso de la República no se pronuncia frente al tema antes del 20 de julio de 2013.
Así lo determinó la Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 113 del Código Civil, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Dicho artículo había sido demandado al ser considerado como discriminatorio frente a las parejas del mismo sexo que desean formar una familia mediante un vínculo legal.
Sin embargo, en la sentencia la Corporación reconoce que las uniones de parejas del mismo sexo sí constituyen una familia.
“La Corte reconoce que las parejas homosexuales pueden conformar una unión marital de hecho o una familia, aunque no entramos a definir cómo se llama ese vínculo. Eso tendrá que hacerlo el Congreso”, explicó el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
El magistrado señaló que es necesario lograr que el Congreso se pronuncie sobre el tema para que las parejas homosexuales puedan gozar de derechos patrimoniales, sustitución pensional, y otros reconocimientos que hasta el momento han obtenido pero por vía de tutela.
“Reconocemos que existe un déficit en el reconocimiento de los derechos de estas parejas frente a las heterosexuales. Por eso el Congreso tendrá dos años para que elabore una legislación completa sobre el tema”, indicó el magistrado.
Juan Carlos Henao agregó que si en ese tiempo el Congreso no ha tomado una decisión que permita el reconocimiento constitucional de los derechos de las parejas del mismo sexo, estarán entonces en libertad de formalizar su relación mediante un vínculo contractual.
“Si para el 20 de julio de 2013 el Congreso no ha elaborado una legislación, las parejas podrán acudir ante un notario para formalizar su relación mediante un vínculo contractual”, sostuvo el presidente de la Corte Constitucional.
EL CONGRESO, DISPUESTO A LEGISLAR SOBRE MATRIMONIO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO
Los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes se mostraron partidarios de legislar sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, independientemente de si se está o no de acuerdo.
“Con mucha expectativa esperamos el proyecto de ley sobre parejas del mismo sexo. Es un tema de mucho interés para el país y por supuesto hay que darle trámite”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria.
Para los representantes Guillermo Rivera, Germán Navas y Telésforo Pedraza, la decisión de la Corte de dejar el tema en manos del Congreso es consecuente, pero ven poco probable que esta iniciativa tenga éxito.
“Es un tema que no podemos seguir ocultando y ojalá no les de miedo votar”, puntualizó Navas.
CARACOL RADIO
CORTE DISPUESTA A INCLUIR UNIÓN DE PAREJAS HOMOSEXUALES COMO MATRIMONIO
La Corte Constitucional no se ha “lavado las manos” en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, aseguró su presidente, Juan Carlos Henao.
Manifestó que el Congreso de la República es el escenario encargado para evaluar el tema y establecer el nuevo régimen sobre el particular.
“La Corte consideró que el foro democrático por excelencia para dar un debate de esta altura, que tiene tantas implicaciones, es el Congreso de la República, pero la Corte no se lavó las manos, como dicen algunas personas”, puntualizó.
Para el efecto, el legislativo tendrá un periodo de dos años para cumplir con estos requerimientos o de lo contrario las parejas podrán recurrir a una notaria para establecer su matrimonio.
“Las parejas del mismo sexo pueden constituir una familia, que la noción de familia constitucional es incluyente y permite estas formas de expresión de familia, eso de por sí es un avance que la jurisprudencia no había establecido”, subrayó.
El Magistrado consideró que no es necesario recurrir a una reforma constitucional con el fin de avalar el vínculo entre personas del mismo sexo.
“Se afirmó tajantemente que en efecto hay una discriminación, que en efecto hay un déficit de protección constitucional a las personas del mismo sexo en este sentido, pero se armonizó con el principio democrático que es el Congreso el que debe resolver”, comentó.
El magistrado explicó que en los próximos dos años la situación se mantiene como está mientras el Congreso no se pronuncie sobre el particular.
“El tema de la interpretación es el artículo 42 de la Constitución y fue el tema que mayor debate produjo al interior de la corporación, y que le puedo decir, nosotros optamos por decir que la definición del artículos 42, obviamente supone que el matrimonio es entre hombre y mujer y no excluye que también pueda ser entre personas del mismo sexo y es muy importante que quede en claro”, manifestó.
El presidente de la Corte Constitucional dijo que el próximo mes el alto tribunal se va a pronunciar sobre la adopción por parte de las parejas del mismo sexo.
CORTE EXHORTA AL CONGRESO RESOLVER EL DERECHO DE FAMILIA PARA PAREJAS HOMOSEXUALES
La Corte Constitucional dice que es exequible el matrimonio únicamente entre hombre y mujer, pero reconoce el déficit del derecho de familia que tienen las parejas homosexuales, por lo que pide al Congreso, legisle sobre la materia a través de otros mecanismos de unión.
Las alternativas en este caso, serían el reconocimiento de las uniones libres o la realización e contratos solemnes ante notario o juez de la Republica.
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao dice que esto significa que es legal la definición que trae la ley sobre el matrimonio y esta no riñe con la Constitución.
Sin embargo el magistrado explicó que la decisión no conlleva una prohibición a los derechos de los homosexuales y a que exista un vínculo jurídico similar o idéntico que tiene las personas de diferente sexo, situación que definirá el Congreso.
"El déficit de protección constituye una infracción al principio de igualdad que refiere a distintos temas como por ejemplo que la expresión de voluntad genere efectos jurídicos inmediatos, que existan obligaciones alimentarias una vez extinguido el vinculo" dijo el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao quien revelo los detalles de la sentencia C – 577 de 2011.
El magistrado al explicar la determinación dijo que lo importante es que no puede haber discriminación, mengua o desconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual diversa.
En este sentido, el alto tribunal advirtió que si el 20 de junio de 2013 no se había llegado a un acuerdo respecto a los requisitos para que las parejas homosexuales puedan consolidar su unión, se podrán acercar a un juzgado o notaría para formalizar el vínculo contractual.
“Exhórtese al Congreso de la republica para que antes del 20 junio de 20013 legisle de forma sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que según los términos afecta a estas parejas" señala la Corte.
Dijo el magistrado que en materia de procreación, expresión consignada en la demanda, esta no fue bien sustentada pues si bien es una facultad pero no es un elemento obligatorio como parte del matrimonio, no se le dio una lectura adecuada por parte de los demandantes y por eso la corte se abstiene de pronunciarse.
Resaltó el magistrado que a esta determinación se llegó con una votación de unanimidad de nueve magistrados a favor cero en contra luego de un debate “serio” y “ponderado”.
LA IGLESIA CATÓLICA RECIBE CON DISCRETA SATISFACCIÓN FALLO DE LA CORTE
El secretario general de la Conferencia Espiscopal colombiana, monseñor Juan Vicente Córdoba, recibió con 'una discreta satisfacción' la decisión de la Corte Constitucional, que declaró exequible unicamente el matrimonio entre hombre y mujer.
"Nosotros reaccionamos con una discreta satisfacción pero al mismo tiempo continuamos con nuestra misión y exortamos a nuestros católicos a que sigan fortaleciendo la unidad familiar, compuesta de hombre y mujer y con los hijos y la familia que es la iglesia doméstica, la célula primordial de la sociedad", dijo Monseñor Juan Vicente Córdoba.
El prelado afirmó que la Iglesia no se opone a que las parejas del mismo sexo busquen derechos como los que tienen las parejas heterosexuales.
"Que ellos quieran unirse, vivir juntos, heredar sus cosas, también su pensión, las cuestiones de salud no nos oponemos, nosotros respetamos eso, pero una cosa es que ellos lo hagan por su cuenta y otra que lo elevemos a la categoría de ley", añadió Monseñor Juan Vicente Córdoba.
Sin embargo, el secretario de la Conferencia Episcopal insistió en que la Iglesia se opone al matrimonio entre homosexuales, ya que de aprobarse "sería un problema para la institución familiar".
EL CONGRESO DEBE DEBATIR SOBRE PAREJAS HOMOSEXUALES: GAVIRIA
El presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, dijo que el Congreso debe estar presto a debatir una ley sobre derechos de las parejas homosexuales, como ordenó la Corte Constitucional.
Afirmó que para el legislativo es imperante comenzar a discutir temas de contenido social que el país reclama, a pesar de lo polémico del asunto, y consideró que los congresistas no deben temer a un debate público de carácter jurídico, a pesar de tener componentes de orden filosófico y religioso.
Consideró que a pesar de ciertos comportamientos culturales Colombia debe avanzar en este tipo de discusiones y que la decisión de la Corte Constitucional es una oportunidad para que de verdad se inicie ese debate.
Gaviria consideró que el Congreso está listo a debatir, sin duda, pero que nadie puede anticipar qué tipo de resultados se brinden sobre el tema.
GOBIERNO ESPERA QUE ESTA SEMANA HAYA CLARIDAD SOBRE REFORMA POLÍTICA
Solamente hasta mañana la sala de consulta del Consejo de Estado se reunirá en pleno para definir qué leyes se pueden aplicar en el proceso electoral, a dos semanas de que se cierren las inscripciones para los candidatos.
El Gobierno le preguntó al Consejo, por ejemplo, cuál es la fecha del cierre de inscripciones, que hasta ahora es hasta 10 de agosto, pero con la reforma el plazo se atrasa hasta el sábado 30 de julio.
El ministro del Interior, Germán Vargas, confía en que mañana haya claridad sobre estos asuntos, tras advertir que solo hasta esta semana se logró reunir a la totalidad de los magistrados de esta sala.
El Gobierno ha advertido que la decisión del Consejo de Estado será acogida y se aplicará a este proceso electoral.
RCN RADIO
CORTE CONSTITUCIONAL RECONOCE DERECHO DE HOMOSEXUALES A FORMAR FAMILIA PERO NO AL MATRIMONIO
La Corte Constitucional tomó decisión de fondo en el caso de derechos de parejas homosexuales al reconocer su derecho a formar una familia. Ese derecho, sin embargo, no va dentro de la figura que hoy se conoce como "matrimonio" porque este seguirá siendo entre un hombre y una mujer.
La Corte reconoce que las parejas homosexuales tienen "un déficit de protección" y se deben reconocer sus derechos. Por eso solicita al Congreso de la República legislar sobre la fórmula que pueda servirles para formalizar sus uniones.
Las alternativas para legalizar parejas del mismo sexo serían unión de hecho o contrato solemne ante juez o notario. Las condiciones, los derechos y los detalles para que esas uniones sean legales son los puntos sobre los que debe legislar el Congreso.
"PAREJAS DEL MISMO SEXO SÍ PUEDEN CONSTITUIR FAMILIA": CORTE CONSTITUCIONAL
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, explicó que aunque el Congreso debe pronunciarse sobre si admite o no el matrimonio entre parejas del mismo sexo, máximo en dos años, se determinó que esta comunidad “si puede constituir familia”.
En diálogo con RCN La Radio, el magistrado Henao dijo que si en dos años el Congreso no se ha pronunciado, las parejas del mismo sexo podrán formalizar su compromiso. “Debe ser suplido por una ley que debe tramitarse en el Congreso y se dio plazo hasta el 2013. Y en el evento que no lo supla, las parejas del mismo sexo podrán formalizar su vinculo contractual ante un notario”.
Agregó que “es la expectativa cierta que se genera para que el Congreso en dos años, antes del 20 de junio de 2013, tome la decisión, sino podrán formalizar su vínculo”.
Juan Carlos Henao dijo que se determinó que en las leyes colombianas hay un déficit de “protección constitucional” para parejas del mismo sexo.
Afirmó que aunque la Constitución Nacional determina que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, “no significa que haya exclusión para que parejas del mismo sexo puedan hacer lo mismo”.
COLOMBIA DIVERSA" DICE QUE FALLO DE LA CORTE ES UN AVANCE HACIA EL MATRIMONIO GAY
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La organización que defiende los intereses de los homosexuales, Colombia Diversa, consideró que la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio gay es un avance jurídico hacia el reconocimiento legal de las uniones de parejas del mismo sexo en el país.
La directora de la ONG, Marcela Sánchez, le dijo a RCN La Radio que aunque el pronunciamiento es confuso, queda claro que los magistrados reconocen que las parejas homosexuales se constituyen como “familia” y que la Constitución no prohíbe las uniones del mismo sexo.
Sin embargo, Colombia Diversa expresó sus reservas frente a la decisión que tome el Congreso de la República, que por instrucción de la Corte deberá legislar para establecer el marco jurídico de dichas uniones.
Marcela Sánchez recordó que el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, es del Partido Conservador, que públicamente se ha opuesto al matrimonio gay.
El presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, dijo que la corporación tramitará la iniciativa para reglamentar las uniones entre parejas del mismo sexo. "La Constitución es clara al señalar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por eso será el Congreso el que decida si modifica o no dicha norma", dijo.
El legislador estimó que la discusión en el Congreso será de "alta complejidad" y que naturalmente tendrá que ser tramitado en la Comisión Primera de la Cámara.
RCN NOTICIAS
EL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO SIGUE PROHIBIDO EN COLOMBIA
En trascendental decisión la corte le reconoció el derecho a los homosexuales de formar familia y dejó en manos del Congreso para que antes del 20 de julio del 2013 legisle sobre la materia. Le dio dos años de plazo.
Si en dos años el Congreso no ha legislado el tema, las parejas del mismo sexo podrán constituir una unión similar al matrimonio. La Corte además consideró que la unión entre homosexuales constituye familia. La Fundación Colombia Diversa consideró favorable la decisión de la Corte
La decisión de la Corte generó polémica en el Congreso
Mientras los conservadores rechazan el sentido del fallo que pide al Congreso legislar sobre el tema, el partido liberal dice que apoyará las iniciativas para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo.
La decisión de la Corte generó polémica en el Congreso. Mientras los conservadores rechazan el sentido del fallo que pide al Congreso legislar sobre el tema, el Partido Liberal dice que apoyará las iniciativas para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo.
El presidente del Partido Conservador aseguró que la Corte ni siquiera debió pedirle a Congreso legislar sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Los liberales controvirtieron a los conservadores y en cambio se declararon a favor de una iniciativa al respecto.
Al margen de sus copartidarios el nuevo presidente de la Cámara dijo que aunque el tema despierta mucho interés, el matrimonio gay requiere más debates públicos.
LA SILLA VACÍA
DEL AHOGADO EL SOMBRERO
El fallo de la Corte sobre matrimonio gay fue 9-0. Y aunque no era lo esperado por las parejas homosexuales pues les siguen negando su derecho al matrimonio, constituye un avance que la Corte haya reconocido explícitamente que hay un evidente 'déficit de protección constitucional' a las parejas gay y que el Congreso tiene dos legislaturas para emitir una ley que le ponga punto final a la discriminación. Y que si el Congreso no lo resuelve pueden acudir a notarías y juzgados a formalizar solemnemente su vínculo para que la familia tenga los mismos efectos de una familia heterosexual.
Toca ver cuando salga la sentencia qué tantos dientes tiene realmente. Pero sí es un logro que hayan logrado el 9-0 cuando los magistrados vienen de posiciones tan diferentes. Una perla de esto son dos sentencias emitidas en el último año por dos salas de revisión de la Corte que muestran la abismal distancia entre unos y otros.
Por ejemplo, una sentencia de febrero de este año de la sala de revisión de tutelas integrada por María Victoria Calle, Mauricio González y Luis Ernesto Vargas, con ponencia de este último, que es uno de los magistrados más liberales, concluyó que los gays transexuales presos tienen derecho a usar maquillaje y llevar el pelo largo como parte fundamental de su identidad y ordenó al establecimiento penitenciario de Yopal que iniciara una campaña de capacitación a reclusos y guardias sobre el manejo de los presos de sexualidad diversa.
Mientras que unos meses antes, la sala de revisión de tutelas constituída por Humberto Sierra Porto, Jorge Pretelt y Nilson Pinilla, con ponencia de este último, uno de los magistrados más conservadores, había considerado que no se vulneró el derecho de una presa lesbiana que fue castigada con 30 días de aislamiento en una celda por besar a una compañera porque así lo contemplaba el reglamento.
DE LOS AFECTOS LEGALES E ILEGALES
Por: O. Lucía Lozano
En el imperio del Estado de Derecho, muchos creen que lo que no se legisla es inexistente. A fin de cuentas las leyes rigen un universo público y así como antes los amantes eran amantes y no parejas de hecho, hoy los gay no son maridos ni señoras de tal, porque la Corte Constitucional decidió que el Congreso debe legislar sobre el tema en los próximos dos años.
A mí no me interesa el matrimonio. De hecho me parece que mantener esa figura es rendirle culto a un ritual cuyos orígenes hablan de muchas cosas, como control de bienes, menos de amor. Pero tengo claro que las sociedades que más me gustan son aquellas en donde la gente tiene derecho a elegir hacer con su vida lo que quiera y seguir el modelo de pareja con el que más a gusto se sienta.
Claramente los magistrados no creen lo mismo. Y seguramente el Congreso en dos años dirá que tampoco le parece que los gay deban elegir en nombre de su propio deseo y no en nombre de lo que otros deciden por ellos. Como si con ello pudieran negar el hecho de que las parejas del mismo sexo, aún sin su permiso y sin un artículo que lo consagre, se comprometen, viven juntas y en muchos casos tienen y crían hijos. Es decir, la Corte solo tenía que aceptar lo innegable: Oh, los gay construyen familias aunque la ley no diga que tienen permiso para hacerlo.
No sé si el matrimonio heterosexual garantiza la existencia de la familia. Con tantos modelos de familia que tenemos ahora, ese ya pareciera un argumento irrelevante a estas alturas. Yo no sé si un día cuando los gay en Colombia se casen, querrán todos divorciarse como pasa con los heterosexuales. No sé si este maravilloso cuerpo legislativo tan metido en la “unidad nacional”, será capaz de negarse a la “unidad marital” cuando la discutan en el Senado, pero lo que sé es que un país que no puede permitir a la gente decidir por sí misma sobre su vida afectiva, es un país condenado a los odios y no a los amores.